Tras ser torturados, militares admitieron que trabajaban para Los Zetas
Desde hace más de una década, las fuerzas armadas mexicanas están dedicadas a tareas de seguridad, como el combate al narcotráfico, por lo que ocho integrantes del Ejército no quedaron exentos de establecer un posible vínculo con estos grupos criminales.
Al menos así lo decidió un juzgado militar, que castigó a ocho de sus elementos con 26 años de prisión por nexos con el cártel de Los Zetas, un delito que admitieron luego de que sus compañeros militares los torturaran por tres días consecutivos para que confesaran.
La defensa de los integrantes del Ejército -que apelará la condena-, pidió que se anularan las pruebas contra sus clientes por ser declaraciones que se dieron mientras los torturaron, delito del que incluso tuvo conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, en dos informes.
Sin embargo, no fue suficiente para que el Juzgado Primero Militar adscrito a la primera región militar los considerara inocentes, quien los dejó presos en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz, y les ordenó pagar una multa de 15 mil pesos.
El caso es todavía más controversial, ya que a dos de los militares se les reconoció la tortura y se les indemnizó por el daño, pero ello no fue suficiente para que el teniente Sócrates López y el subteniente Francisco Javier Soto libraran la condena de 26 años de prisión, junto con otros seis.
Este caso de tortura a militares por sus propios compañeros, es considerado para organizaciones como Human Rights Watch un precedente que hace parecer que la tortura en México no tiene relevancia, como reporta en un artículo El País.
En 10 años, desde 2006 y hasta agosto de 2016, la CNDH recibió más de 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército, y se calcula que unas 2 mil han ocurrido durante el gobierno actual.
De otros cuatro militares condenados, la Secretaría de la Defensa les reconoció ser víctimas de tratos inhumanos y degradantes, por lo que se comprometieron a proporcionarles atención médica. Un perito militar que examinó a sus compañeros presos les diagnosticó síndrome de estrés postraumático.
El País lleva un puntual seguimiento del caso, el que data de marzo de 2011, cuando elementos de la policía judicial militar irrumpieron en la sede del 69 Batallón de Infantería, con base en Coahuila, y arrestaron a 15 elementos de las fuerzas armadas.
Para que confesaran que tenían vínculos con Los Zetas fueron amarrados, vendados de los ojos, tapados del rostro con bolsas de plásticos para cortarles el aire, pateados y golpeados durante tres días por sus compañeros.
De los dos que indemnizaron, uno tuvo que ser llevado al hospital por la golpiza brutal (teniente Sócrates), y el otro (subteniente Soto), declaró que lo amenazaron con violar y descuartizar a su hija y su esposa si no aceptaba los vínculos con los criminales.
