El pueblo fantasma
Los Zetas son los dueños de Jáltipan, aseguran los vecinos. Y hasta ahora, dicen, las peticiones de ayuda no hallan respuesta.
Se llama Jáltipan de Morelos. Se encuentra al sur de Veracruz. No hay nadie en las calles después de las diez de la noche.
Con Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Nanchital, Jáltipan de Morelos forma parte de la llamada “ruta de la droga”.
En ese pueblo de 40 mil habitantes la paz se terminó hace años, cuando aparecieron Los Zetas. Uno puede abrir diarios y portales electrónicos cualquier día de la semana. No importa cuál, siempre aparecerá lo mismo.
El 5 de agosto de 2015 desapareció el profesor Aristeo Hernández Facundo. Impartía clases en el CBTIS 48. La última vez que lo vieron se dirigía hacia una parcela ejidal. Por desconfianza a las autoridades, sus familiares no quisieron denunciar la desaparición. Mandaron decir a amigos y conocidos que los ayudaran a buscarlo “en los lugares abandonados, en los hospitales, en todos los lugares donde sea posible encontrarlo”.
Militares acantonados en Minatitlán les recomendaron acudir a la Fiscalía Especializada en Secuestros. El ministerio público les recomendó que no presentaran la denuncia hasta que hubiera concluido “la negociación”. Un negociador de la Fiscalía se hizo cargo del caso. Finalmente, el dinero del rescate fue entregado.
Pero el profesor Hernández Facundo no regresó. A la familia le llamaron las autoridades para decirle que ahora sí presentara la denuncia, aunque “ya era técnicamente imposible encontrar con vida al profesor”.
Un mes antes varios hombres armados habían irrumpido en un domicilio de la colonia Ferrocarrilera para secuestrar a un niño de siete años. Dos meses atrás varios testigos vieron cómo un joven era brutalmente golpeado y metido en un Chevy blanco que salió disparado hacia el rumbo de Minatitlán. Poco después del secuestro del profesor Hernández, ocho hombres con armas largas se llevaron a dos carniceros del mercado municipal.
Semanas más tarde, un ganadero de Jáltipan fue interceptado en un camino de terracería. Al poco tiempo, secuestraron a un ingeniero a las puertas de su casa: sus familiares se lanzaron tras los plagiarios: no los alcanzaron, pero el auto en que se llevaron a la víctima apareció más adelante, con el cadáver del ingeniero adentro.
Siguió el secuestro de la hija de un vendedor de quesos, al que varios hombres armados “levantaron” al salir de su domicilio. Por ese tiempo, tres hombres con equipo táctico llegaron a la clínica Doctor Arroyo, ubicada en pleno centro de Jáltipan, y sacaron a rastras a una doctora.
La policía municipal “hizo un operativo en la ciudad”. No hubo éxito. A los secuestradores y a la doctora, según la prensa, “se los tragó la tierra”.
Un miércoles, sobre la costera del Golfo, una mujer, dos jóvenes y un niño de brazos fueron bajados de un taxi y subidos a la fuerza a una Cherokee azul.
Los testigos dijeron que los secuestrados parecían “de condición humilde”. Marcaron el 066 pero nadie contestó.
En ese instante, una patrulla de la Policía Federal pasó a exceso de velocidad. Trabajadores que tapaban baches le hicieron señas desesperadas, pero los tripulantes no hicieron caso.
La municipal “peinó” la zona horas después. No hallaron la Cherokee. Tampoco al hombre alto, moreno, “con un tatuaje a la altura del lado derecho”, que según los trabajadores formaba parte del grupo de secuestradores.
Un comando armado volvió poco después a la colonia Ferrocarrilera. Esta vez se llevó a un muchacho de 16 años, hijo de empresarios.
Hace unas semanas, hombres armados bajaron a una adolescente de una camioneta Nissan. Dos testigos reportaron el hecho a la policía. Cuando la patrulla llegó, la madre de la menor, visiblemente aterrorizada, negó que hubiera ocurrido un secuestro. Las autoridades, según la prensa, “guardaron hermetismo total”.
Hay un éxodo en Jáltipan. Las cámaras empresariales denuncian el cierre de negocios, el cobro de “piso”, la ola de violencia. Los asesinatos y secuestros que sacuden al municipio.
Los Zetas son los dueños de Jáltipan, aseguran los vecinos. Y hasta ahora, dicen, las peticiones de ayuda que han dirigido al presidente Peña Nieto y al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, no hallan respuesta.
Del gobierno estatal, mejor ni hablar.
