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Inician las busquedas de desaparecidos en brechas de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La búsqueda de 36 personas desaparecidas presuntamente por sicarios del cartel del noreste y tambien elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en Nuevo Laredo se ha intensificado, debido a las órdenes emitidas por jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En acatamiento a una orden judicial y en medio de un fuerte operativo de seguridad, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) encabezaron ayer el primero de dos días de labores en los seis puntos específicos que señaló la juez Novena de Distrito de Guanajuato, Karla Macías.
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Las familias de los desaparecidos, auxiliadas por la Asesoría Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), han interpuesto amparos y recursos de queja en Tamaulipas y Guanajuato para exigir las búsquedas y diligencias a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda.

La PGR investiga la desaparición de 36 personas entre enero y mayo de este año, y aunque las denuncias de los familiares de las víctimas comenzaron a ser interpuestas desde febrero, ésta es la primera vez que las autoridades realizan búsquedas en brechas.

El lunes, martes y miércoles de esta semana, personal de la PGR ingresó a tres bases de la Marina en Nuevo Laredo, pero aclararon que “no se trataban de labores de búsqueda sino diligencias periciales”.

Es más, según Karla Quintana, directora de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la PGR planteó que los familiares no podrían entrar a las bases navales, por lo que la CEAV pidió a un juez de control que determinara la validez de esa decisión.

La audiencia fue programada un día antes de la primer visita a la base naval pero el representante de la PGR no llegó, por lo que Oscar Zúñiga, juez Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, multó a la PGR.

Finalmente, la dependencia aceptó que los familiares participaran en la diligencia. El miércoles, Abel Galván Gallardo, Fiscal Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó a los familiares que este jueves y viernes realizarían labores de búsqueda para cumplir con la orden judicial de Karla Macías, señala la misma información.

En las labores de búsqueda, que se prolongaron de las 8:00 a las 19:00 horas, participaron, además de la PGR y las víctimas, la CEAV, la Policía Federal y el Ejército.

La diligencia le fue notificada el miércoles por la noche a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), que ya había acordado con las víctimas realizar inspecciones la próxima semana, por lo que su personal no acudió a la cita.

Para Karla Quintana, esto es muestra de la descoordinación entre la PGR y la CNBP, mientras que son los jueces – la Novena de Distrito en Guanajuato y uno de Control en Tamaulipas- los que han logrado que se realicen las diligencias.

El primer resultado a favor fue que la jueza novena de Distrito en Guanajuato, Karla Macías, ordenó a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR una inspección detallada en los puntos que fueron mapeados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP). Para ello, estableció un plazo de 20 días a partir de 3 de agosto.

“(La Fiscalía) deberá apoyarse de técnicas de fotografía y videograbación para documentar las condiciones del lugar; además, deberá utilizar todos los instrumentos científicos a su alcance a fin de localizar algún cuerpo enterrado o fosa, por ejemplo, un resistivímetro digital de alta precisión, georradar, penetrómetro normalizado o cualquier otro avance de la ciencia”, indicó la jueza.

La orden fue dictada en los expedientes promovidos por familiares de Marco Antonio Romero Sánchez, Mauricio Toledo Cervantes, Edgar Treviño Ochoa, Gabriel Gaspar Vásquez, José Daniel Trejo García y Julio César Viramontes Arredondo, quienes fueron desaparecidos cuando la Secretaría de Marina realizaba operativos en Nuevo Laredo.

Los sitios de búsqueda son rumbo a las garitas: brecha pasando el kilómetro 25 antes de llegar a Anáhuac (casas abandonadas a la orilla de la vía del tren); brecha detrás de Santa Cecilia; carretera aeropuerto sentido sur kilómetro 12; brecha del Indio; brecha del Papalote; y glorieta del Conejo. Los puntos se encuentran al sur de la zona metropolitana de Nuevo Laredo y al oeste, hacia el municipio de Anáhuac, Nuevo León.

En mayo ya fueron encontrados los cadáveres de Juan Carlos Rendón Vega y Humberto Coatzozon Zapot en la comunidad de Colombia, Anáhuac, quienes fueron ejecutados y cuyos familiares también promovieron amparos para denunciar su presunta desaparición forzada.

La misma juez ha impuesto 10 multas a la Marina y 5 a la PGR por no entregar informes que les ha solicitado sobre las presuntas desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cada multa es de 8 mil pesos, por lo que el monto total ronda los 120 mil pesos.

La juez Macías solicitó un informe con los nombres del personal desplegado en Nuevo Laredo, listas de armamento y vehículos, partes informativos y geolocalización de los teléfonos de las víctimas, entre otras cosas. Igualmente, emitió un apercibimiento al presidente Enrique Peña Nieto para que, como superior jerárquico del titular de la Semar, Vidal Francisco Soberón, y del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ordene que cumplan las órdenes judiciales.

Igualmente, el juez Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, Oscar Zúñiga, ha emitido exhortos desde mayo sobre el caso de Juan Rendón García y Humberto Coatzozon Zapot. De los dos hombres aparecieron sus cadáveres en Anáhuac, Nuevo León. Empero, el juez Zúñiga resolvió que la muerte no impide investigar la desaparición presuntamente forzada.

El último logro de la estrategia jurídica ocurrió el sábado en un juzgado de control en Reynosa. El juez ordenó a la PGR y a la Semar suspender las diligencias hasta que no incluyera a los familiares en las diligencias. La Fiscalía cambió su posición y permitió que las víctimas indirectas acompañaran a los trabajos.

Una veintena de familiares asistieron a diligencias en bases de operaciones de la Semar en Nuevo Laredo y Nuevo León durante el lunes, martes y miércoles. Sin embargo, apuntó Quintana Osuna, las labores no eran búsquedas sino diligencias para revisar el armamento, vehículos y equipos de radio comunicación.

“Las diligencias que se realizaron no son para buscar, eso es lo más complejo y delicado, porque ahí existe un rompimiento o una falta de coordinación entre la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda. En las diligencias no les permiten revisar la zona de operaciones. Si la Fiscalía y la Comisión estuvieran en coordinación se haría una sola diligencia para revisar y buscar”, enfatizó la abogada.

Hasta ahora, los familiares y la CEAV han interpuesto quejas en el área de derechos humanos de la Secretaría de Marina para que procedan en materia de disciplina militar.. Asimismo, presentaron quejas ante el Órgano de Control Interno de la PGR, por el actuar “lento” en las primeras horas de las desapariciones de la subdelegación en Nuevo Laredo. Además, interpusieron quejas en contra de jueces del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, debido a que consideran que sus criterios ano se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos.
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