Dan el último adiós a Diana Paulina, adolescente ultrajada y asesinada en Chilapa
CHILPANCINGO, Gro. 23/Nov/17.- Durante los diez días que permaneció privada de su libertad en Chilapa, la niña Diana Paulina Rendón Alcaraz fue ultrajada sexualmente, torturada y finalmente estrangulada por sus verdugos, revelaron los dictámenes de la necropsia del Servicio Médico Forense (Semefo).
La familia de la víctima dijo que su decisión es dejar el caso por la paz: “no esperamos nada del gobierno”, dicen. Mientras que activistas del estado exigieron un “ya basta” a la violencia que se vive en Chilapa y a las agresiones a la mujeres que viven en el estado.
Hace dos meses, la menor brutalmente asesinada había experimentado otra tragedia: la muerte de su padre, el señor Paulino Rendón, un conocido sembrador de jitomates y repartidor de agua en pipa en Chilapa que falleció en agosto por una afección corporal.
Ahora, la señora Esther Alcaraz y Alma Rendón, madre y hermana de Diana Paulina, se encuentran devastadas tras despedir el cuerpo de la niña asesinada durante una misa realizada esta tarde en el templo del barrio de La Villa.
La mañana del domingo 12, la estudiante de secundaria de 13 años que radicaba en el populoso barrio de La Villa y era conocida por ser una esmerada deportista, escribió un mensaje en su cuenta personal de Facebook: “¿Alguien que me pueda poner suero?”.
Ese mismo día, Diana Paulina simplemente desapareció en condiciones que hasta el momento se desconocen y sus familiares reportaron el hecho a las autoridades ministeriales, que se limitaron a emitir una alerta Amber.
Ayer, también por la mañana, el cuerpo de la adolescente fue encontrado tirado sobre el camino de terracería que conecta la cabecera municipal con el poblado de Acazacatla, donde peritos levantaron el cadáver de la víctima que fue localizada diez días después, asesinada con vileza.
El reporte forense indica que la adolescente Diana Paulina murió estrangulada y, previamente, sus captores abusaron sexualmente, la torturaron y la exhibieron públicamente, al dejarla sobre un camino de terracería muy transitado por campesinos, docentes y transportistas.
El mensaje de los criminales que operan impunemente a pesar de los operativos y retenes policiaco-militares en entradas y salidas de la ciudad, cimbró a la sociedad de Chilapa, que vive aterrada ante la espiral de violencia, muerte y desaparición forzada de personas.
Escuelas cerradas y las calles “zona de guerra”
En este lugar colapsado por la narcoviolencia, pese a la estrategia de seguridad del gobierno del priista Héctor Astudillo, los niños ya no van a los parques ni a las escuelas, debido a que las calles se han convertido en “zona de guerra” y los planteles permanecen cerrados desde septiembre por amenazas de la delincuencia.
En Chilapa, las historias están entrelazadas por las madres, padres, hijos, hermanos y amigos que han sido asesinados y desaparecidos en la zona urbana y rural, donde aumentan los pueblos “fantasma” y el desplazamiento forzado de personas por la violencia.
Incluso, Proceso ha documentado historias de niños que decidieron cambiar los sueños por barretas y palas para salir a buscar a sus familiares desaparecidos en fosas clandestinas que los ciudadanos ubicaron, sin apoyo gubernamental, en los cerros aledaños.
Desde hace años, autoridades federales y estatales tienen conocimiento de la batalla que mantienen la banda de Los Rojos, que dirige Zenén “El Chaparro” Nava Sánchez y el grupo de Los Ardillos, encabezada por los hermanos del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez, por el control de las rutas de producción y trasiego de heroína en esta franja que conecta la región Centro y la de la Montaña.
En este contexto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Astudillo prometieron en enero de este año la construcción de un cuartel militar en Chilapa, así como reforzar la presencia policiaco-militar en la zona para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia.
No obstante, a la fecha no hay estrategia efectiva para prevenir los delitos y tampoco existen indicios del batallón anunciado por Osorio Chongo y Astudillo Flores.
Desde marzo pasado, el obispo católico de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ha denunciado públicamente que el gobierno de Astudillo mantiene un pacto con el narco en algunas regiones de la entidad, como Chilapa, y afirmó que la violencia no cesa porque “en el fondo hay cierta repartición de dividendos entre ambos”.
El prelado, quien admitió que ha dialogado con líderes del narco en la entidad, con el argumento de que así es como pretende ayudar “a pacificar la entidad”, aún no ha fijado una postura pública ante el brutal asesinato de Diana Paulina.
Mientras que ayer, políticos y funcionarios del gobierno de Astudillo se limitaron a guardar un minuto de silencio en el Congreso local y condenar el aberrante crimen de la menor, caso que ya forma parte de la cifra de casi 10 mil homicidios dolosos registrados en los últimos cinco años en Guerrero y que, a la fecha, siguen impunes.
CONDENAN EL ASESINATO
La feminista guerrerense María Luisa Garfias Marín acusó que el crimen de la niña de 13 años en Chilapa, es ejemplo de la descomposición social, producto de la omisión e impunidad de autoridades estatales y municipales frente a la de violencia contra las mujeres.
La integrante del Colectivo Nosotras señaló que el caso de Paulina “es una muestra de que en Guerrero la violencia hacia las mujeres ha llegado a su máxima expresión”.
En consulta telefónica, consideró que en cada muerte violenta surgen argumentos que revictimizan a las mujeres, “que no debía estar en ese lugar, que no vestía de manera apropiada, que estaba en un bar”, y ahora cuestionó: “¿cuál es la justificación del asesinato de esta adolescente?”.
La miembro del Consejo para la Defensa de los Defensores de Derechos Humanos del estado de Guerrero recordó que junio pasado se declaró una Alerta de Género en Guerrero, por violencia feminicida, y prevalece la falta de interés de los gobiernos estatal y municipal en coordinar acciones, la insensibilidad y la negligencia institucional de investigar y castigarlos.
Insistió que lo evidente en el desinterés del estado por desarrollar acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. “Al no haber acciones, porque no le han puesto interés, no hay coordinación con los gobierno municipales para activar estas acciones y hacer prevención y justicia”.
Por lo tanto, aseguró que el homicidio de la menor es producto de la omisión de la impunidad y resultado de esta cultura patriarcal que permea en las instituciones públicas.
Aclaró que los feminicidios ocurren en todas edades, mujeres adultas, adolescentes y niñas, a pesar de que existen leyes nacionales e internacionales para evitar esas muertes.
El mismo martes el Pleno del Congreso de Guerrero guardó un minuto de silencio en memoria de la menor.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, subió a tribuna donde dijo “vengo profundamente conmovido”.
El diputado de MC subió a tribuna porque manifestó que el episodio no solamente es un caso de impunidad o afectación a las mujeres, “sino ¿por qué hasta dónde estamos llegando como sociedad? Yo creo que el Congreso no puede sólo generar una reprobación o llamar la atención de la autoridad cuando se trata de asesinatos o hechos brutales cometidos contra políticos o luchadores sociales”.
La diputada local Erika Alcaraz Sosa calificó el asesinato como un hecho “tan atroz” y “condenable”.
Interrogada al respecto, en una conferencia de prensa de la corriente perredista Movimiento Alternativa Social (MAS), en Acapulco, dijo del suceso: “Es un acto más que condenable y que no hay palabra que uno pueda expresar que justifique ese acto tan atroz que ocurrió con esa niña”.
Opinó que el hecho de que la criminalidad vaya en aumento en la entidad y que los asesinatos se cometan con mayor violencia es una evidencia de que las estrategias de combate a la inseguridad han fracasado, “es momento de redireccionar la estrategia”.
Agregó que porque lo que ha sucedido en el estado amerita que se tomen acciones urgentes.
