A 6 años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, surgen nuevas revelaciones
La matanza de 72 migrantes, ocurrida en agosto de 2010 en Tamaulipas, le siguió el descubrimiento de fosas clandestinas con 196 cadáveres de viajeros asesinados por Los Zetas... Al horror tras el horror, le siguió la búsqueda de la verdad y la justicia.
A seis años de la masacre de los 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, las autoridades aún nos deben muchas explicaciones, una investigación contundente y la reparación a las víctimas.
El equipo de investigación del sitio electrónico “Másde72”, convocado por la Red Periodistas de a Pie (másde72.periodistasdeapie.org.mx), dedicado a dar seguimiento a esta masacre, halló inconsistencias en las versiones oficiales de los hechos, falta de castigo a funcionarios involucrados, vacíos judiciales, malos procedimientos forenses y violaciones de los derechos de las víctimas.
Estas son las últimas noticias que se tienen sobre este caso, derivados de la investigación periodística y actualizado con información de los abogados de las víctimas:
1- Contrario a lo que se informó, las víctimas no sólo eran centroamericanas. En el grupo, además de migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, también viajaban ciudadanos brasileños, ecuatorianos y uno de la India.
De los 72 cadáveres hallados por la Secretaría de Marina en la bodega abandonada del municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde se cometió la masacre, 11 aún no han sido identificados.
La joven hondureña Eva Nohemí Hernández Cerrato, quien estudiaba para maestra, fue la última a quien se le devolvió su identidad gracias a la presión que hicieron las familias centroamericanas organizadas en comités para que el gobierno mexicano firmara un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y diversas organizaciones que representan a las víctimas para crear una “Comisión Forense” que haga estudios forenses a los cuerpos no identificados y enviados a la fosa común en las masacres de San Fernando (2010 y 2011) y Cadereyta, Nuevo León (2012).
2- El sufrimiento para las familias de los 72 migrantes no terminó en San Fernando. La justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación del daño les han sido negados. El gobierno mexicano no ha investigado ni reconocido su responsabilidad en la matanza a pesar de que San Fernando era una zona conocida de desaparición de migrantes. Tampoco por haber entregado cadáveres erróneos a varias familias, mandar a fosa común a personas que eran identificables, demorar tiempos inexplicables para las repatriaciones de los cuerpos identificados.
Por ejemplo, la familia del hondureño Wilmer Antonio Núñez Posada sigue esperando el cuerpo de su hijo: aunque la madre recibió una llamada del gobierno de México donde le anunciaban que su hijo era uno de los masacrados, su ataúd nunca llegó. No sabe si lo confundieron con otro cuerpo y está enterrado en otro país. En seis años nadie se lo ha informado.
La brasileña Gloria Aires, tía del joven Juliard Aires Fernándes, asegura que en vez de los restos de su sobrino el gobierno mexicano les mandó un ataúd lleno de arcilla, no traía una cadáver. No supo donde enterraron a su familiar.
La salvadoreña Mirna del Carmen Solórzano cree que en 2010 enterró el cuerpo de un varón y no el de su hija Glenda Yaneira, y aún espera que la “Comisión Forense” tome muestras del cadáver al que dio sepultura para que le confirme la información.
3- Posiblemente nunca se sabrá si fueron 13 o 14 las mujeres asesinadas en la masacre de agosto de 2010 debido a que en expedientes ministeriales de la procuraduría tamaulipeca se señala que había 13 mujeres en la escena del crimen, pero en la descripción de los cuerpos se señalaron 14 y, aún cuando hacían falta estudios científicos, los primeros cadáveres fueron repatriados en ataúdes sellados para que no fueran abiertos y sin que las familias tuvieran la documentación que acreditaba una identificación científica.
4-Un año después de la masacre de los 72 migrantes las pertenencias y ropas que llevaban continuaban tiradas entre la maleza que creció en la bodega donde fueron asesinados. Fueron descubiertas gracias a que la Caravana de Madres Migrantes decidió visitar el sitio para hacer una oración. El hallazgo causó dolor y conmoción entre las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México. Al final de la visita entregaron la ropa a un funcionario del gobierno de Tamaulipas, pero ésta nunca fue integrada al expediente del caso.Más de tres años de haberse cometido la matanza, hasta la última semana de 2013, y sin publicidad alguna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 80/2013 por el caso, la cual no dejó satisfechas a las víctimas.
5- La comisión se enfocó en estudiar errores cometidos en la escena del crimen, el levantamiento de los cadáveres y los estudios forenses realizados, adjudicados únicamente a personal de la PGR y a la procuraduría tamaulipeca, pero no mencionó la entrega de cuerpos incorrectos y el viacrucis que vivieron las familias que siguen sin recibir una reparación. No investigó tampoco la responsabilidad del Estado por la muerte y lesiones de las víctimas.
Las familias, representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, interpusieron un amparo contra la recomendación por considerarla violatoria de sus derechos. Pero–según esta Fundación—la CNDH litiga contra las víctimas, interpone quejas y revisiones ante cada acto que logra avanzar en los juzgados, dilata y entorpece el proceso, y no ha cumplido acuerdos que hizo con las familias.
6- La mayoría de los funcionarios coludidos con Los Zetas, grupo al que el gobierno señaló como autor de la matanza, no están en la cárcel. Sólo permanecen siete de los 17 policías municipales que fueron señalados como copartícipes y protectores del grupo criminal de las siguientes masacres cometidas en ese mismo municipio donde en abril de 2011 fueron descubiertos al menso 196 cadáveres, muchos ellos de migrantes. Su participación no ha sido aclarado en el caso de los 72.
7- A pesar de que la masacre de los 72 migrantes es considerado un caso de graves violaciones a los derechos humanos el expediente judicial aún se encuentra bajo reserva por parte de la PGR, por lo que no puede ser consultado. Ni la Suprema Corte de Justicia ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han clasificado las masacres como graves violaciones. Ni siquiera las familias de las víctimas han podido tener copia de las investigaciones. Las familias no pueden acudir a México a consultar los expedientes y se ha endurecido la legislación para que puedan obtener una visa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto un amparo interpuesto por la Fundación para la Justicia y Artículo 19 que permitiría hacer pública la información de las masacres de San Fernando (2010 y 2011) y la de Cadereyta (2012). El expediente ha sido turnado al pleno, pero permanece sin movimiento.
8- La misma Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR que cometió severos errores en la identificación de los cadáveres de la masacre de los 72 migrantes y de las siguientes masacres, ocurridas también en el municipio de San Fernando, donde en abril de 2011 fueron descubiertos más de 196 cadáveres (la autoridad no ha revelado el número real) se encargó de levantar los restos encontrados en el Río San Juan, durante la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y de practicar los estudios periciales.
La titular de la unidad, la química Sara Mónica Medina Alegría, fue “jubilada” cuando al interior de la PGR se inició una investigación sobre la posible siembra de restos en el Río San Juan con la que se fabricó la llamada “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.
9- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha cumplido con la reparación y la atención a todos los familiares de las víctimas que lo han solicitado y tampoco con acuerdos. Según la Fundación para la Justicia que las representa, las familias están enfermas, con afectaciones físicas y psicológicas, especialmente aquellas que enfrentaron un largo tiempo de espera para las repatriaciones y quienes aún tienen duda de si enterraron a sus familiares.
10- El gobierno mexicano sigue sin políticas de prevención. No emite alertas preventivas para no viajar por carreteras peligrosas, como en su momento lo fue la que cruza San Fernando, que es vía rápida para alcanzar las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo, no alerta sobre dónde están actuando con total impunidad los principales grupos del crimen organizado, no investiga y manda un mensaje de que se puede matar migrantes sin recibir castigo.
